Es
un proceso histórico. El fiscal exige 30 años de cárcel por diversos
asesinatos. El ex presidente intentó defenderse agresivamente en medio
de los aplausos de sus partidarios. El magistrado le exigió silencio.
A
grito pelado y con el ánimo alterado, el ex presidente Alberto
Fujimori rechazó los cargos de homicidio y secuestro que le
imputó la fiscalía, así como los 30 años de prisión que demandó la
parte acusadora, en la primera audiencia del histórico proceso judicial
que enfrenta un ex jefe de Estado para responder por violaciones de los
derechos humanos.
El
presidente del tribunal, César San Martín, tuvo que interrumpir a viva
voz el exaltado discurso de Fujimori cuando el magistrado le preguntó
si se declaraba culpable o inocente.
El
ex mandatario Fujimori (1990-2000) apeló a las matemáticas para
defenderse: "En mi gobierno se rescató los derechos humanos de 25
millones de peruanos, sin excepción alguna", explicó en voz alta
y destacando sus frases con los brazos abiertos: "Si se
cometieron algunos hechos graves los condeno, pero no fueron (por) orden
de quien habla" "¡El 50% del territorio estaba controlado
por las huestes terroristas!", remarcó.
"¡Acusado
Fujimori, yo soy el que mando aquí!", le gritó el juez.
Fujimori bajó la cabeza y le pidió disculpas mientras sus partidarios
lo aplaudían. Estaban los 3 hijos del ex presidente, Keiko, Kenji y
Sachi, además de la bancada fujimorista, ex ministros y ex
funcionarios. "¡Soy inocente y no acepto la acusación!",
clamó Fujimori, de 69 años.
Habían
transcurrido tres horas y media de la audiencia y durante ese tiempo el
ex jefe de Estado se había mantenido callado, sereno, soportando las
gravísimas imputaciones del fiscal José Peláez.
El
acusador sostuvo que existían pruebas irrefutables de que Fujimori
ordenó a un comando clandestino, compuesto por agentes del Servicio de
Inteligencia del Ejército, la ejecución de 25 personas sospechosas
de pertenecer a Sendero Luminoso, entre 1991 y 1992. "Fujimori
asumió virtualmente la conducción del comando que cometió los
crímenes", señaló Peláez: "Aprobó los planes de
operación y la ejecución. Aplicó la ley de la venganza, la ley de
Talión, el ojo por ojo, ordenó la eliminación física".
El
fiscal, al tiempo que demandó a Fujimori el pago de una indemnización
para las víctimas de US$ 33.4 millones, demandó al tribunal
"aplicar la ley con justicia para que no se repitan los graves
hechos". Y logró que se cite al ex premier Jorge del Castillo,
quien fue uno de los detenidos durante el autogolpe de 1992.
César
Nakasaki, abogado de Fujimori especializado en defender a figuras del
régimen fujimorista condenadas por delitos de corrupción, logró que
el juez estudie la posibilidad de que su cliente tenga acceso a una
computadora portátil. Un privilegio del que ningún recluso goza.
Luego,
contra la oposición de la defensa de Fujimori, los abogados de los
familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos (3 de
noviembre, 1991) y La Cantuta (18 de julio, 1992), consiguieron que el
tribunal admitiera a nuevos testigos y evidencias que confirman la
participación de Fujimori en los crímenes.
Para
sorpresa de los presentes, el abogado de Fujimori pidió que se citara
como testigo al mayor del Ejército en retiro Santiago Martin, jefe del
comando de agentes que perpetró los asesinatos selectivos de supuestos
subversivos.
La
defensa del ex mandatario siempre cuestionó las declaraciones de Martin,
quien declaró que recibía las órdenes de Fujimori por intermedio de
su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos.
El
presidente del tribunal confirmó que cuando sea necesario, Montesinos,
será convocado para confrontarse con Fujimori.
San
Martín, un juez que fue expulsado de la magistratura a raíz del
golpe de Estado del cinco de abril de 1992, hizo una declaración
pública dejando establecido que actuaría con independencia y que
estaría al margen "de cualquier tipo de presión política".
